Everything about Derecho penal internacional
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La persona reclamada debe tener la nacionalidad del país requirente, haber cometido un delito que esté contemplado en el convenio y no haber sido juzgada previamente por el mismo delito en el país requerido.
Bolivia es un país que se rige por la Constitución Política del Estado, la cual establece en su artworkículo 7 que el Estado boliviano reconoce y garantiza el derecho a la justicia, la igualdad ante la ley y la protección jurídica efectiva.
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Cuando hablamos de extradición, nos referimos al proceso por el cual un país entrega a otro una persona que se encuentra en su territorio y que está siendo requerida por la justicia de otro país.
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Frente a esta extensa regulación normativa ha constituido un fracaso, desde el punto de vista del Derecho Penal internacional, la persecución de las infracciones de las leyes de la guerra y de las guerras de agresión, pues no se ha llegado a una tipificación internacional (Código Penal internacional de los crímenes de guerra) ni a la constitución de un tribunal penal internacional. Los juicios de los crímenes de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de su denominación internacional, fueron realizados por tribunales de vencedores que carecían de competencia como tales tribunales internacionales y aplicaron normales penales con efectos retroactivos. En el momento true, la norma efectiva para la represión de los crímenes de guerra se encuentra en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que imponen a los Estados parte la obligación de tipificar y castigar en sus códigos o leyes penales internos las infracciones graves de sus preceptos cometidas en el curso de un conflicto armado. Finalmente, el contenido del Derecho Penal internacional comprende determinados delitos comunes atentatorios contra intereses internacionales protegidos. Entre ellos destacan un grupo de tipificaciones internacionales recogidas por los Códigos penales internos como resultado de la evolución de obligaciones asumidas por el Estado en cuestión al ratificar determinados tratados internacionales.
Desde la perspectiva micro, en el reciente juicio contra Genaro this content García Luna se estaba juzgando a un individuo, pero desde la perspectiva macro se estaba juzgando a México y el fallo del jurado fue congruente con la idea que personajes como Trump le han metido a los estadounidenses sobre los mexicanos a los que llamó violadores, asesinos y narcotraficantes al tiempo que dijo que Centroamérica eran solo unos países news de mierda.
El principio de territorialidad constituye la base del sistema de persecución penal e indica que el Estado puede someter a su poder punitivo todas las acciones cometidas en su territorio, aun cuando el autor del delito sea un extranjero.
Existe consenso en que el Derecho internacional penal comprende todas las normas de derecho internacional que directamente fundamentan, Check This Out excluyen o de cualquier otro modo regulan una responsabilidad penal1.
Desde mi punto de vista, el Derecho internacional penal ha tenido un importante papel en los procesos de justicia transicional que -en la historia reciente- se han seguido en naciones devastadas por la guerra y/o con graves conflictos étnicos, como sucedió en Ruanda y la ex Yugoslavia o como ocurre ahora en la República Democrática del Congo.
La denuncia de la FIDH y APRODEH enfatiza la complicidad del Gobierno y, por tanto, de la presidenta Boluarte al otorgar cursos y ascensos a cinco generales de la Policía que estuvieron al mando de unidades involucradas en los asesinatos.
Existen diversos motivos por los cuales un país puede decidir no extraditar a una persona, como pueden ser la falta de garantías legales en el país solicitante, la posibilidad de que la persona sea condenada a pena de muerte o la protección de sus propios intereses políticos.
three) sino como aquel discurso, si se quiere saber, cuya funcionalidad es la de limitar el poder punitivo para logar, poco a poco, el bien pleno y actual de la persona real o, lo que es lo mismo, la vigencia authentic de los derechos humanos.
En caso de que la persona que se quiere extraditar no esté de acuerdo con la decisión de la Audiencia Nacional, puede presentar un recurso ante el Tribunal Supremo español.